El Estado Liberal es una aspiración de los pensadores europeos y españoles del siglo XVIII, que encuentra su plasmación más temprana en la Francia revolucionaria. Los primeros destellos de esta no llegan a España hasta la entrada de los soldados franceses de Napoleón. En ese momento se inicia el largo proceso que acaba consolidando primero el estado liberal con la Constitución de 1876 y después democrático al lograrse el sufragio universal masculino en 1891.
Es un proceso largo y marcado por avances y retrocesos constantes. De forma general podríamos señalar como breves momentos de avance las Cortes de Cádiz (1808-1814), el Trienio Liberal (1820-1823), el primer bienio progresista (1835-1837), el segundo bienio progresista (1856-1858) y el Sexenio Democrático (1868-1873). El tiempo de la Restauración supone la cristalización de muchos de los aspectos que conforman un estado liberal, aunque en ocasiones solo sea de forma nominal y no efectiva. El paso del llamado Antiguo Régimen al Estado Liberal supone cambios en todas las esferas:
– Política. La burguesía accede al poder mientras la monarquía ve como ese poder se va limitando. En tiempos de Carlos III se da un gran avance al convertirse las reuniones esporádicas de los secretarios del Despacho en Suprema Junta de Estado (1787), siendo el germen del Consejo de Ministros. Desde la Constitución de 1812, se plantea un sistema con división de poderes. Hay una pugna constante entre la institución monárquica por mantener su poder lo más íntegro posible y los políticos progresistas que a través del Parlamento y el Gobierno intentan limitarlo. En el lado opuesto los moderados, que disponen habitualmente del poder, frenan las reformas. Al final triunfa un modelo político donde el rey mantiene un poder muy fuerte. Esta será la principal razón del fracaso del modelo de la restauración en el siglo XX. Las sucesivas constituciones son reflejo de los dos partidos dominantes. Al final del siglo empiezan a adquirir importancia los grupos socialistas y anarquistas.
– Sociedad. La nobleza procedente del Antiguo Régimen pierde poco a poco relevancia frente a la nueva burguesía terrateniente, financiera e industrial (vasca y catalana), que es a su vez ennoblecida. Hay una cooperación entre nobleza y burguesía para acceder al poder. Los militares se convierten en una nueva clase dominante debido a las constantes guerras y la necesidad de los grupos políticos de tener líderes fuertes y de fama reconocida. Surge una nueva clase, el proletariado, que hacia el final del siglo comienza a tener un gran número de efectivos en las ciudades. Aunque la Iglesia pierde su papel económico, mantiene una relevancia social muy importante, sobre todo en lo relacionado con la educación.
– Economía. Es quizá el ámbito en que se realiza una transformación mayor durante el siglo XIX. Las tierras amortizadas, tanto civiles como eclesiásticas pasan a formar parte del patrimonio de la nueva burguesía terrateniente. Genera la concentración de la propiedad, la formación de un amplio proletariado rural y la fijación de los capitales a la tierra. Aparecen las bolsas de valores, los especuladores inmobiliarios, los bancos comerciales y el monopolio de la emisión de billetes por el Banco de España. La mayores fortunas dejan de ser de la antigua nobleza y pasan a serlo los burgueses, ennoblecidos o no. Desaparecen los gremios y se forma una burguesía industrial en Cataluña y Vizcaya y otra financiera en Madrid, basando esta última su riqueza en la especulación inmobiliaria.
– Cultura. Las tasas de analfabetismo se mantienen muy altas en toda España, si bien existe un contraste entre población rural frente a urbana y varones frente a mujeres. La Ley Moyano está cargada de buenas intenciones pero no va acompañada de los necesarios recursos. Hasta los primeros años del siglo XX las escuelas dependen de los ayuntamientos. Será el conde de Romanones quien establezca que el sueldo de los maestros lo paga el Ministerio de Fomento. El elemento más significativo de este siglo es la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos, que durante el último cuarto del siglo formará las elites de poder burguesas de la España del siglo XX.
ANTECENDETES
El reinado de Carlos IV (1788-1808) está marcado por los avatares de la política exterior con respecto a la Revolución Francesa. Primero se cierran las fronteras con Floridablanca, para pasar a la beligerancia con Godoy en la Guerra de la Convención. Fracasado este intento militar, se cambia por la alianza con Francia en el Tratado de San Ildefonso (1796). Mientras, en España la falta de recursos obliga al gobierno a decretar la primera desamortización de bienes eclesiásticos (1798), vendiendo en subasta pública los bienes raíces de la extinguida Compañía de Jesús, Obras Pías y Colegios Mayores. El enemigo común es Inglaterra y se suceden dos batallas navales, la del cabo de San Vicente y la de Trafalgar, que liquidan el potencial naval español y cortan las comunicaciones con los virreinatos americanos.
El príncipe de Asturias, futuro Fernando VII, quiere aprovechar la impopularidad de Godoy para provocar la caída del ministro y del mismo rey. Napoleón ha firmado el Tratado de Fontainebleau (1807) que permite el paso de tropas francesas para ocupar Portugal. En marzo de 1808 estalla el Motín de Aranjuez, que provoca la abdicación de Carlos IV y la coronación de Fernando VII. Enterado Napoleón aprovecha la presencia de sus tropas en España para obligar a la Familia Real a desplazarse hasta Bayona, donde se hacen las abdicaciones, en virtud de las cuales José Bonaparte se convierte en José I de España. El secuestro de la Familia Real será el punto de partida de la Guerra de Independencia.
GUERRA DE INDEPENDENCIA Y CORTES DE CÁDIZ
Durante los primeros meses del año 1808 varios acontecimientos se han ido desencadenando: Motín de Aranjuez, abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII, secuestro de la familia real por parte de los franceses, abdicaciones de Bayona y José Bonaparte rey de España. El pueblo español va a recibir con muy mal talante la entrada de tropas francesas en el reino. La reacción será al llegar las noticias sobre los acontecimientos de Bayona. El pueblo de Madrid se subleva el 2 de Mayo y después otras localidades de España imitan el ejemplo.
La entrada del ejército francés en la Península Ibérica va a provocar el inicio de un conflicto doble, una guerra contra un invasor extranjero y una guerra civil. Desde el siglo XVIII, en especial desde el reinado de Carlos III, muchos ilustrados españoles defienden la necesidad de una reforma de la monarquía. Unos creen que esta debe proceder de un movimiento nacional encabezado por el Rey, mientras que otros piensan que esta reforma puede ser igual de válida si está promovida por un poder exterior. Cuando los borbones pierden la corona de España en las abdicaciones de Bayona y Napoleón entrega el trono a su hermano José (José I de España), también le prepara un texto legal básico para España conocido como la Constitución de Bayona. Aunque es una carta otorgada, será el primer texto constitucional de España, que delimita la función del poder. Algunos de los reformistas españoles apoyarán el gobierno de José I creyendo que introducirá en España el liberalismo. Son los llamados afrancesados.
En toda España hay levantamientos populares contra el gobierno de José I y los que se pongan al frente de ellos serán llamados patriotas. Las autoridades públicas provinciales y el ejército no reaccionan, esperan un simple cambio de dinastía como en 1700. Para encauzar el motín popular e impedir una revolución se forman las Juntas Provinciales donde se reúnen personas destacadas de la sociedad de cada provincia y ejercen como gobierno. La reunión de todas las juntas será la Junta Suprema Central, la cual será presidida por el conde de Floridablanca, el antiguo ministro de Carlos III. Ante la ausencia del Rey, la Junta se plantea la posibilidad de convocar unas Cortes que legitimen su labor. Después de convocadas la Junta se disuelve y el Consejo de Regencia que se forma hereda la convocatoria de estas Cortes.
Las Cortes de Cádiz se reúnen en septiembre de 1810 en una ciudad sitiada por el ejército francés. Permanecen allí hasta 1813. Como todo el país está ocupado por el ejército francés, los representantes llegan poco a poco y del centenar escaso de diputados de 1810, tres años después serán más de trescientos. Entre los grupos dominantes destaca el de representantes del clero. Los votos no serán por estamentos sino por diputado, de tal forma que se rompía con el sistema tradicional del Antiguo Régimen. La labor legislativa de las Cortes se va a centrar en la elaboración de la Constitución de 1812, llamada la Pepa por ser aprobada el día de San José. Además, también se aprobaron otros decretos importantes como los de abolición de los mayorazgos, de la servidumbre y la Inquisición. Todo esto supone la liquidación del Antiguo Régimen y la desaparición de los estamentos y privilegios.
La Constitución de 1812 plasma los conceptos fundamentales del liberalismo español. Las Cortes se reunirán en una sola cámara y los diputados serán elegidos para dos años y por sufragio universal indirecto. Establece la soberanía nacional, por la cual el poder emana de la nación y no del Rey. La representación de la Nación está en las Cortes, las cuales se encargan de elaborar las leyes. Estas leyes son promulgadas por el Rey, quien las aplica. Así se divide el poder legislativo (Cortes), del ejecutivo (Rey) y el judicial que recaerá en tribunales de justicia ordinarios. Es una constitución confesional porque establece la religión católica como la oficial de España. Se crea la Milicia Nacional como cuerpo armado encargado de velar por la defensa de la Nación y de su Constitución y se prevé la extensión de la educación pública a todos los lugares de España. La Constitución hace iguales a todos los españoles, incluidos los de América.
REINADO DE FERNANDO VII
Napoleón para no encontrarse en guerra en dos frentes, firma en 1813 el Tratado de Valençay, en virtud del cual, el emperador devuelve la corona a Fernando VII. Este vuelve a España pero no va directamente hacia Madrid, sino que lo hace pasando por Valencia. Allí el general Elío muestra su adhesión a la restauración del absolutismo, lo que sumado al apoyo de más de cien diputados de las Cortes de Cádiz, expresado en el Manifiesto de los Persas, permite al rey no solo no jurar la Constitución sino declarar nula toda la acción legislativa de las Cortes. Los liberales serán declarados culpables del delito de lesa majestad y perseguidos por la restituida Inquisición, con lo que muchos marchan al exilio.
Se inicia así un período de seis años conocido en la historiografía como el Sexenio Absolutista (1814-1820). En el exterior España se vio aislada en el Congreso de Viena por haber firmado la paz con Francia por separado, a la vez que continúan los virreinatos americanos su irreversible camino hacia la independencia. En el interior a los problemas políticos por los intentos de los liberales de volver al poder, se suma la quiebra de la Hacienda. La monarquía absoluta carecía de medios para remediar los problemas y fracasa en su intento de crear nuevos impuestos.
En 1820 el ejército concentrado en Andalucía para salir hacia América para luchar contra los independentistas americanos se subleva contra el absolutismo. El teniente coronel Riego es el principal cabecilla. Proclaman la Constitución de 1812 y durante los tres primeros meses del año logran la adhesión de otras localidades hasta que Fernando VII se ve obligado a jurar la Constitución. Comienza el llamado Trienio Liberal (1820-1823). Durante estos años los liberales se irán alineando en dos posturas enfrentadas, los exaltados y los moderados. Fernando VII recurrió a las personalidades más conservadoras para formar el gobierno y constantemente ponía trabas a las reformas, en espera de poder recuperar su poder absoluto. Los moderados dominaron la política los dos primeros años y volvieron a poner en marcha los decretos de Cádiz. Sufrieron los ataques de los absolutistas, los exaltados y la Iglesia, temerosa de perder su poder con la abolición de sus privilegios. En el verano de 1822 se pone en peligro el sistema constitucional y los exaltados toman el poder. El Congreso de Verona reúne a los países de la Santa Alianza y aprueba el envío de un cuerpo expedicionario francés para restaurar el absolutismo en España. En 1823 entran en España los Cien Mil Hijos de San Luis con el duque de Angulema al frente, que reponen a Fernando VII como rey absoluto.
La última etapa del reinado de Fernando VII ha recibido de la historiografía liberal el nombre de Década Ominosa (1823-1833), pero sería preferible denominarla con el nombre de Década Absolutista. Este no es un período homogéneo, porque si bien se inicia con una fuerte represión contra los liberales creando el cuerpo de Policía Nacional (1824), después se van a ir dando concesiones a los liberales para dar remedio a la quiebra del Estado y asegurar la sucesión de Isabel, la hija de Fernando VII. Primero se quiso dar solución a los problemas económicos con el despotismo ministerial consistente en potenciar desde la corona las reformas ilustradas, lo que se mostró inoperante. También se crea la Bolsa de valores. Sin embargo el problema más grave vendrá con la sucesión del Rey. De su cuarto matrimonio Fernando VII solo ha tenido dos hijas. Según la Ley Sálica que trajo Felipe V de Francia, las hijas no pueden reinar ni transmitir derechos dinásticos, y por lo tanto el sucesor del rey sería su hermano, el infante Carlos María Isidro. Esta ley será derogada por la Pragmática Sanción, que restituye la sucesión dinástica como estaba en la Partidas de Alfonso X, donde se prefiere la línea directa sobre la colateral y al varón sobre la mujer. El infante don Carlos intrigará en los años finales del reinado para conseguir que su hermano, primero, no sancione la Pragmática y después para que la revoque. Tras varias vicisitudes Fernando VII muere después de hacer jurar a su hija Isabel como Princesa de Asturias. El infante don Carlos reclama el trono con el apoyo de los absolutistas más intransigentes. El reinado de Isabel II empieza con el inicio de la Guerra Carlista.
ISABEL II
En el momento de morir Fernando VII, el Presidente del gobierno es Cea Bermúdez, un absolutista moderado encargado de conseguir la reconciliación con los sectores liberales más propensos a lograr un acuerdo con el gobierno. La Regente María Cristina no conseguirá hacer durar este gobierno que será sustituido por Martínez de la Rosa, liberal moderado. Las circunstancias se complican por el inicio de la actividad de las partidas carlistas y para asegurar el trono de Isabel II es necesario alejarse de los absolutistas, que son sospechosos de defender la candidatura de don Carlos. Entre Martínez de la Rosa y Javier de Burgos, ministro del gabinete, publican el Estatuto Real (1834), para teñir al régimen de cierto constitucionalismo. El Estatuto Real es una carta otorgada, porque no emana de la voluntad de la nación. Establecía un sistema bicameral, con el Estamento de los Próceres, donde estarían los grandes de España y miembros nombrados por designación real y el Estamento de Procuradores, formado por propietarios que son elegidos por sufragio censitario. Las cámaras carecen de iniciativa legislativa, son convocadas y disueltas por el rey, y su función era aprobar las leyes que luego eran sancionadas por el rey.
Para intentar solucionar los problemas de la guerra y la Hacienda, se nombra Presidente del Gobierno a Mendizábal en 1835, quien decreta una quinta especial y la desamortización de los bienes eclesiásticos para sufragar los gastos de la guerra. La desamortización consiste en la expropiación de los bienes raíces de la Iglesia, que luego se vendían en pública subasta. Esta medida, que debía permitir el acceso de los agricultores a la propiedad de la tierra se convirtió en la manera de asegurar a la reina en el trono. Se permitió el pago con vales de deuda del Estado, admitiéndose por su valor nominal. Los burgueses eran quienes poseían esa deuda y se quedaban con la tierra haciendo subir artificialmente los precios, porque esos vales reales carecían de valor en el mercado. Así los nuevos propietarios, burguesía urbana, se convierten en principal pilar de la monarquía isabelina. Después de caer Mendizábal la crisis política se acentúa desembocando en el pronunciamiento de los Sargentos de La Granja (1836), que obligan a la reina-gobernadora a jurar la Constitución de 1812 y a nombrar a Calatrava nuevo Presidente, con Mendizábal como ministro de Hacienda. Se convocan elecciones a cortes constituyentes. Ahora ya queda clara la diferenciación entre los liberales moderados (los que estuvieron en Cádiz y el Trienio) y los progresistas (nuevas generaciones). A la vez, en el norte, el general Espartero se convierte en el héroe del bando cristino en la guerra.
Los progresistas duran en el gobierno dos años, dejando como principal legado un nuevo texto constitucional, que será referente para los progresistas durante el siglo XIX, es la llamada Constitución de 1837. Fue elaborada con un espíritu de transacción, puesto que pretendía servir para moderados y progresistas. Establece un sistema bicameral con un Senado y un Congreso de los Diputados. El Rey tiene unas facultades muy amplias, se establece el sufragio censitario, masculino y directo, la libertad de imprenta, el acceso a la función pública exclusivamente por el mérito y la obligación de todos los españoles a contribuir según su caudal de fortuna al sostenimiento económico del Estado. Pasado el peligro de las expediciones carlistas del general Gómez y de don Carlos, cae el gobierno progresista.
Los moderados recuperan el poder en 1837, logrando el general Narváez muchas atribuciones en el gobierno. Se suceden los gobiernos moderados que frenan las reformas y ralentizan la venta de los bienes desamortizados mientras el general Espartero encauza la guerra hacia la victoria definitiva del bando cristino. Los enfrentamientos son constantes entre moderados y progresistas. Estos últimos dominaban los municipios gracias a la ley electoral de 1836 que establecía el sufragio universal. Para quitarles este poder el gobierno elabora la Ley de Ayuntamientos, en la cual los alcaldes eran nombrados por la Corona y los concejales eran elegidos por sufragio censitario. Se suceden entonces los actos de rebeldía civiles y militares ante los cuales la Regente presenta su renuncia en octubre de 1840.
Se inicia ahora el período conocido como Regencia de Espartero (1841-1843). El general victorioso de la guerra carlista será Jefe de Gobierno (1840-1841) y después Regente. Con él se inicia el primer Bienio Progresista. Estará caracterizado por la ampliación de la desamortización y los problemas con la política arancelaria. Presionado por el gobierno inglés Espartero proyecta, en 1842, una reducción de los aranceles que gravaban los productos de importación. Contra esta medida reaccionan los industriales textiles, siendo especialmente graves los sucesos en Barcelona. Espartero ordena bombardear la ciudad y reprime con extrema severidad los alborotos. Pierde de esta manera el apoyo de la población, que en las elecciones de 1843 le deja sin sostén parlamentario. En el verano de 1843 se verá obligado a dimitir y exiliarse en Londres. El Congreso y el Senado aprobaron el declarar a Isabel II mayor de edad. Los progresistas aún formarán otros gobiernos, hasta que el general moderado Narváez consiga el poder para los moderados en diciembre de 1843 y después sea él mismo nombrado Presidente del Gobierno en mayo de 1844, dando inicia a la Década Moderada (1844-1854).
La precipitada declaración de mayoría de edad para Isabel II, con apenas catorce años, viene motivada por el interés de los moderados en que no haya una nueva regencia y así poder manipular a la adolescente reina a su antojo. En esos momentos quien está próximo a la reina es el general Narváez, lo que provocará el destierro de Espartero, el anterior regente. Se inaugura una etapa conocida como Década Moderada (1844-1854), período en el cual se alternan gobiernos presididos por Narváez, con otros formados por él mismo con otras personalidades del partido moderado. Se reformó la Constitución de 1837 y se promulga una nueva, la Constitución de 1845. Las diferencias principales con su texto base anterior serán el recorte de libertades como la de expresión y reunión, se declara España una nación católica, un sufragio censitario donde se exigirá mayor nivel de renta, la soberanía nacional se cambia por la soberanía compartida Rey-Cortes y se equilibra el poder entre Congreso y Senado. Esta constitución estará en vigor hasta el año 1869. La Ley Electoral de 1846 establecerá un censo de menos de cien mil votantes, sobre una población de doce millones de personas.
Para el mantenimiento del orden se fundará la Guardia Civil, instituto armado que sustituye a la Milicia Nacional. Su función será la de preservar la seguridad y la propiedad en el medio rural y el descampado. Hay varias reformas legislativas importantes, como la elaboración del Código Penal y la reforma fiscal de Mon, que trata de poner remedio a la calamitosa situación de la Hacienda después de la Guerra Carlista. En 1845 se publicará una nueva Ley de Ayuntamientos donde los alcaldes de las capitales y cabezas de partido son nombrados por el gobierno y los de los pueblos pequeños por el gobernador civil.
La alternancia de los gobiernos viene determinada por la voluntad del general Narváez, quien será Presidente del Gobierno en 1844-1846, 1847-1849 y 1849-1851. Contagiados los progresistas por los éxitos revolucionarios de 1848 en Europa, hubo también en España diversas alteraciones, que resolvió Narváez mediante la represión. En estos años nace en España, como facción extremista desgajada de los progresistas, el Partido Demócrata, que defiende la soberanía nacional, el sufragio universal masculino, y recuperar para la Constitución una declaración de derechos amplia e irrevocable. Además de El Espadón de Loja, nombre que se le daba a Narváez por ser Loja su cuna, hay que destacar otra figura importante en los gobiernos de la Década Moderada, Juan Bravo Murillo. Bravo Murillo será Presidente entre 1851 y 1853. Es una personalidad más conservadora que Narváez. Las relaciones con Roma estaban rotas desde los tiempos de Mendizábal y será durante el gobierno de Bravo Murillo que se firmará el Concordato con la Santa Sede (1851). En él el Estado se compromete a no expropiar más bienes de la Iglesia, garantizar la supervisión de la enseñanza por parte de la Iglesia y aceptar el matrimonio canónico como el único legal en España; mientras la Santa Sede acepta racionalizar la organización territorial de las diócesis reduciendo el número de canónigos, reconoce las expropiaciones hechas durante los períodos desamortizadores y a la monarquía de Isabel II. Intentará Bravo Murillo reformar la Constitución de 1845, eliminando la actividad parlamentaria y convirtiendo el Gobierno en una reunión de técnicos. Esto motivará que los moderados presionen para hacerle dimitir.
Después de la caída de Bravo Murillo se van a suceder varios gobiernos breves. El último suspende las Cortes y gobierna dictatorialmente. Contra él se unen los progresistas y los demócratas, que recuerdan la represión de 1848 y recurren al pronunciamiento para recuperar el poder. Será en 1854 cuando un golpe de Estado, encabezado por el moderado general O´Donnell, consiga el respaldo popular y caiga definitivamente el gobierno. Esto es gracias a la Vicalvarada, enfrentamiento armado de resultado incierto, y al Manifiesto de Manzanares, texto progresista, redactado por Cánovas del Castillo, que será el acicate para que el pueblo se lance a la revolución. Le secundarán otros generales y estará respaldado por el pueblo que se lanza a la calle provocando la Revolución de 1854. La reina encarga entonces a Espartero formar gobierno, siendo nombrado O´Donnell ministro de la Guerra. Este gobierno ejercerá sus funciones desde julio de 1854 hasta julio de 1856. Este período es conocido como Bienio Progresista.
Durante el Bienio nacerá un nuevo partido, la Unión Liberal, formada por los progresistas preocupados por los excesos de demócratas y republicanos, y los moderados más próximos al progresismo. En las elecciones constituyentes de 1854 vencerá la Unión Liberal y los demócratas y republicanos conseguirán algunos diputados. Los republicanos surgen en estos momentos como fuerza política, pero lejos aún de ser una verdadera opción de gobierno. Propugnaban los mismos postulados que los demócratas y además querían sustituir la figura del Rey como Jefe del Estado por un Presidente de República, siendo este cargo electivo. Estos años están marcados por una amplia actividad legislativa. Se elabora una Constitución, la de 1856, que no llegará a ser promulgada. En ella se avanzan muchos de los logros de la futura de 1869. Siendo Ministro de Hacienda Madoz se publica la Ley de Desamortización de los Bienes Municipales, conocida como desamortización civil. Por esta ley se ponen en venta los bienes de municipios, realengos y baldíos. Es el último capítulo de las grandes ventas de tierras en España. También en estos años se aprueba la Ley de Ferrocarriles, que da un gran impulso a la construcción de vías férreas, pero pone en manos de extranjeros las compañías, que comprarán el acero fuera de España, perdiéndose así una notable oportunidad para fomentar las industrias nacionales. El Bienio acaba con una grave crisis ministerial resuelta con la formación de un nuevo gobierno presidido por O´Donnell que se acompañará de una dura represión contra los progresistas en Madrid y Barcelona.
El último período del reinado de Isabel II, de 1856 a 1868 está caracterizado por el dominio de la Unión Liberal de O´Donnell y los moderados de Narváez. O´Donnell logra mantener el gobierno durante tres meses, pero pronto el favor de la reina volverá a Narváez, quien será Presidente del Gobierno entre 1856 y 1857, siendo sucedido por otros gobiernos moderados muy mediatizados por el Presidente de las Cortes Bravo Murillo. La reina entrega por fin en junio de 1858 el poder a O´Donnell, quien va a presidir un gobierno de la Unión Liberal que llega hasta 1863. El gobierno se centró en desviar la atención en el interior con diversas operaciones militares en el exterior (África, Méjico, Conchinchina) que coincidirán con un momento de crecimiento económico. Los gobiernos a partir de 1863 se encontrarán con el problema del retraimiento de los progresistas de la vida política, auspiciada por Salustiano Olózaga, a la vez que la Unión Liberal sufre disensiones internas y notables escisiones. La Sublevación del Cuartel de San Gil en el verano de 1866 que acabó con una severa represión, será el detonante que haga que los progresistas busquen una salida política fuera de la monarquía isabelina. Los líderes demócratas y progresistas en el exilio acuerdan el conocido como Pacto de Ostende. En él establecen que, recuperado el poder mediante una revolución, se decidirá en sufragio cual debe ser la forma de Estado y el Gobierno de España. El líder será el antiguo unionista Prim. Cuando en 1868 mueren los dos baluartes del trono de Isabel II, los generales Narváez y O´Donnell, será la oportunidad para el pronunciamiento. El general Serrano, al frente de la Unión Liberal, se pone del lado de los progresistas y demócratas, quedando entonces la reina sin ningún apoyo. Cuando estalle la Revolución Gloriosa, la suerte de Isabel II ya está decidida.
SEXENIO DEMOCRÁTICO
El Sexenio Democrático es un período de seis años que separa el reinado de Isabel II del reinado de su hijo Alfonso XII. Se inicia este período con la conocida como Revolución Gloriosa, pronunciamiento militar, en septiembre de 1868, encabezado por los generales Serrano, Prim y el almirante Topete, que estuvo acompañado por un cierto carácter popular y que logra el destronamiento de la reina. Una vez conseguido este se forma un Gobierno Provisional en octubre de 1868.
El Gobierno Provisional está formado por Serrano como Presidente y Prim, Ruiz Zorrilla y Sagasta como ministros con mayor relevancia. Ejercerá sus funciones entre octubre de 1868 y junio de 1869. Lo primero que hará este gobierno es ordenar la disolución de las juntas locales que se han ido formando desde el inicio de la revolución. Después procederá a la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes mediante sufragio universal masculino para todos los mayores de 25 años, siguiendo los criterios que establecieron los grupos coaligados en el Pacto de Ostende de 1866. De estas elecciones resultará que los republicanos se encuentran en minoría y la Constitución que se vaya a elaborar será monárquica. En junio se promulga la Constitución de 1869, principal logro de este gobierno. Es una constitución democrática puesto que reconoce la soberanía nacional y el sufragio universal masculino para los mayores de 25 años. Tiene una prolija declaración de derechos, reconociendo como imprescriptibles la libertad, los derechos de reunión y asociación, de expresión, enseñanza, la inviolabilidad del domicilio, el derecho al voto y la libertad de residencia. Define como forma del Estado la Monarquía, limitando mucho los poderes del rey, quien ejerce el poder ejecutivo a través de los ministros, quienes son responsables ante las Cortes. Los Ayuntamientos se forman por concejales elegidos democráticamente y el alcalde sale de entre ellos, siendo también democráticas las Diputaciones. Por último, se establece la libertad de cultos, pero garantizando el Estado el sostenimiento de la Iglesia Católica.
Una vez aprobada la Constitución, en junio de 1869, se inicia la Regencia de Serrano, que está caracterizada por la búsqueda de nuevo Rey para España y que dura hasta diciembre de 1870. El Presidente del Gobierno será Prim, quien realizará viajes por Europa entre las distintas dinastías reinantes buscando al candidato idóneo para Rey de España. Esta búsqueda provocará entre otras tensiones el enfrentamiento entre Francia y Prusia que desembocará en la Guerra Franco-Prusiana que supone la liquidación del Segundo Imperio francés y el destronamiento de Napoleón III. Las Cortes votarán finalmente a favor de Amadeo de Saboya, por la presión de Prim, estar bien visto por las izquierdas al pertenecer a la dinastía que se ha enfrentado con el Vaticano y el apoyo de las cancillerías europeas que lo consideran un freno al republicanismo.
El reinado de Amadeo de Saboya (enero 1871-febrero 1873) empieza con un mal augurio, porque nada más desembarcar en España recibe la noticia del asesinato de Prim, Presidente de Gobierno, en un atentado. La pérdida del único hombre capaz de mantener la coalición que había llevado al éxito la revolución supone un duro golpe para la monarquía, del cual no se va a recuperar. Los problemas son numerosos, la insurrección cubana iniciada en 1868 que no se resuelve, la oposición a la monarquía de carlistas, alfonsinos, republicanos y algunos castizos que rechazan a un monarca extranjero. El Rey va a apoyarse para formar los gobiernos en los constitucionalistas de Sagasta y los radicales de Ruiz Zorilla. En abril de 1872 estalla la tercera guerra carlista que aunque se circunscribe a su territorio habitual, mina la acción del gobierno. Todos estos problemas no se podían resolver ciñéndose a la legalidad constitucional, de la cual el monarca era celoso cumplidor. El colofón del reinado llegará cuando se pida al Rey que firme la disolución del cuerpo de artilleros, entonces Amadeo realizará el único acto inconstitucional de su reinado: abdicar. Es el 11 de febrero de 1873.
El mismo día que abdica Amadeo I en las Cortes, estas proclaman la Primera República. El primer Presidente será Figueras con Pi y Margall como Ministro de Gobernación, en un gobierno formado por republicanos y radicales. Los republicanos se encuentran divididos entre federalistas, que quieren la instauración de una república federal y los unionistas. A la vez los carlistas y alfonsinos se abstienen de participar en las instituciones, como harán también los partidarios de Sagasta y los radicales. Las elecciones de mayo darán una amplia mayoría de diputados republicanos, pero con una abstención de más del sesenta por ciento. Se proclama la República Federal y se comienza la redacción de una nueva Constitución. En junio dimite Figueras y Pi y Margall es nombrado nuevo Presidente. Durará poco más de un mes porque se van a ir sucediendo las alteraciones por culpa de la proclamación de diversos cantones, destacando el de Cartagena, porque consiguió hacerse con la flota y el arsenal del puerto. Le sucede como Presidente Salmerón, quien también durará poco tiempo al negarse a firmar las sentencias de muerte contra los revolucionarios cantonalistas. Aún le dio tiempo a dar mayor poder al ejército y reforzar la Guardia Civil, con lo que poco a poco se va volviendo a la normalidad. Todos estos sucesos llevan al traste el trámite para promulgar la Constitución Federal que quedara non-nata. El cuarto Presidente será Emilio Castelar, partidario del reforzamiento del Estado y del Gobierno. Consigue mediante un giro a la derecha frenar el avance carlista y acabar con la insurrección cantonal a excepción de Cartagena. Cuando el Congreso niegue su apoyo a Castelar y busque un nuevo Gobierno, el ejército se rebelará, ocupando el general Pavía las Cortes y disolviendo a los diputados. Se inicia así la segunda regencia de Serrano.
Serrano ejerció el poder dentro de un Estado aún republicano, como una dictadura personal. Basó su gobierno en el restablecimiento del orden dentro del país y en vencer todas las insurrecciones que estaban en marcha. Mientras tanto, Cánovas buscaba apoyos suficientes para conseguir la restauración de la dinastía borbónica en la persona del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II. En este sentido el 1 de diciembre de 1874 se hace público el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas y firmado por el príncipe Alfonso, donde declara que si es llamado para ser rey en España, establecerá una monarquía dialogante y democrática. Aunque Cánovas esperaba la instauración de la monarquía de forma pacífica, el general Martínez Campos se adelanta con un pronunciamiento en Sagunto ese mismo diciembre. El gobierno no reacciona y Cánovas forma un gobierno provisional, regresando en enero de 1875 el príncipe Alfonso ya como rey Alfonso XII.
RESTAURACIÓN
Cánovas se encarga de formar un gobierno provisional mientras llega el rey, quien será conocido como Alfonso XII. Durante 1875 se convocan elecciones a Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal masculino, ya que Cánovas quería mantener la legalidad vigente mientras no hubiera otra constitución, y así el texto que se hiciera estaría consensuado con todas las fuerzas políticas que aceptan la Restauración. Estas Cortes elaboraron la Constitución de 1876, que ideológicamente es heredera de las anteriores de 1845 y 1869. De la primera toma el concepto de soberanía compartida entre rey y cortes, mientras de la segunda se toma la declaración de derechos. Además se establece que las Cortes son bicamerales (Congreso y Senado), el sufragio es censitario (se deja la puerta abierta al sufragio universal) y la religión católica es la del Estado (aunque se admite la libertad de cultos pero no sus celebraciones públicas).
Aparte del texto constitucional Cánovas proyecta un sistema que se denominará turnismo. Se basa en la alternancia pacífica en el gobierno de dos partidos, el Partido Conservador de Cánovas, donde se integran antiguos miembros del moderantismo, Unión Liberal y carlistas; y el Partido Liberal de Sagasta, donde se integran los antiguos progresistas, republicanos y otros miembros de la Unión Liberal. El sistema se basa en la complicidad de un árbitro que es el rey, quien nombra a los ministros y al Presidente del Gobierno. Cuando el rey juzga que un gobierno está agotado, llama al líder del otro partido y le encarga formar gobierno. Además le entrega el decreto de disolución de cortes, por lo tanto, convoca elecciones. Estas elecciones son supervisadas por el Ministro de Gobernación del recién creado gobierno, quien da las instrucciones al Gobernador Civil de cada provincia, y este a los caciques locales, para alterar el resultado de las elecciones y que resulte ganador el partido a quien le corresponde el turno. De esta forma el gobierno cuenta con la doble confianza del rey y de las Cortes y puede ejercer el poder sin problemas. Los caciques son individuos que manejan la vida de los municipios en la España rural. Cuentan con una buena posición social y económica, manejan los ayuntamientos y están amparados por sus conexiones con el poder central a través de las diputaciones locales o el Gobernador Civil. Los gobiernos de la Restauración se mantendrán sobre este pucherazo constante, sobre todo a raíz del sufragio universal masculino de 1890.
En el reinado de Alfonso XII (1875-1885) se sucede primero un gobierno conservador que consigue acabar con los conflictos carlista y cubano, promulgar la Constitución y la Ley electoral de 1878. Entre 1881 y 1883 Sagasta será Presidente del Gobierno, y dedicará su actividad a desarrollar distintos derechos que emanan de la anterior Constitución de 1869, aunque todavía de forma tímida. En 1884 forma de nuevo gobierno Cánovas, pero este durará hasta la muerte del rey. En la Regencia de María Cristina (1885-1902), se consolida el sistema del turnismo con el Pacto de El Pardo, compromiso de Cánovas y Sagasta para alternar pacíficamente en el gobierno. Destaca entre 1885 y 1890 el Gobierno Largo de Sagasta, que será muy prolífico en reformas como la Ley de Libertad de Asociación (1887), Ley de Juicios por Jurado (1888), Código Civil (1889) y Ley Electoral (1890), que viene a sustituir a la de 1878, y establece ya de forma definitiva el sufragio universal masculino. Es fundamental el desastre de 1898, cuando se pierden Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Es el hundimiento moral de España. Este es el punto de partida del regeneracionismo, que pretende la revitalización intelectual, social y política del país, queriendo entre otras cosas, llevar a la monarquía hacia una verdadera democracia.
Cánovas es asesinado en 1897 y Sagasta muere en 1903. La desaparición de los dos líderes es paralela a la crisis del sistema del turnismo y los políticos que les sucedan recibirán un sistema rígido que cada vez se aleja más de la realidad del país y que no es capaz de evolucionar al socaire del regeneracionismo. En 1902 ha sido declarado mayor de edad Alfonso XIII. Los principales políticos de su reinado serán los conservadores Maura y Dato, y los liberales Canalejas, Romanones y García Prieto. Los hechos más importantes son la Semana Trágica (1909), levantamiento popular en Barcelona provocado por la movilización para la guerra de Marruecos, y el Desastre de Annual (1921). En 1923 la incapacidad del sistema para solucionar los problemas de España, lleva al golpe de Estado de Primo de Rivera, consentido por el rey, que suspende la Constitución.
BIBLIOGRAFÍA
ARTOLA, M.: La burguesía revolucionaria (1808-1874). Colección Historia de España dirigida por Miguel ARTOLA. Vol 5. Madrid, Alianza, 1990.
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J.: La España Contemporánea (I) 1808-1875. Madrid, Istmo, 1991.