1. INTRODUCCIÓN
2. LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO ESTADO
2.1. UN RÉGIMEN CON “LEYES FUNDAMENTALES”
2.2. LA ESTRUCTURA DEL NUEVO ESTADO
2.3. LAS “FAMILIAS” DEL RÉGIMEN
2.4. LOS PRIMEROS INTENTOS DE APERTURA.
3. EL INTENTO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DEL RÉGIMEN
3.1. LA ERA DE LA TECNOCRACIA
3.2. LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO, ÚLTIMA LEY FUNDAMENTAL
3.3. LAS LEYES PARA LA SUCESIÓN
3.4. LA CRISIS FINAL DEL RÉGIMEN
4. EVOLUCIÓN ECONÓMICA
4.1. RACIONAMIENTO Y MERCADO NEGRO
4.2. LOS EJES DE LA AUTARQUÍA
4.3. EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA AUTÁRQUICA
4.4. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS 60: EL DESARROLLISMO
4.5. LAS LIMITACIONES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN
5. EVOLUCIÓN SOCIAL
5.1. PURITANISMO IDEOLÓGICO Y CONTROL SOCIAL
5.2. LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
5.3. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
5.4. LOS CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO
6. BIBLIOGRAFÍA
1 INTRODUCCIÓN
El día 1 de abril de 1939, Franco hacia emitir el ultimo parte militar en el que se anunciaba el fin de la guerra. El resultado final de aquella contienda fue la consolidación del régimen dictatorial que los sublevados contra la República habían empezado a construir desde octubre de 1936. Las autoridades republicanas o habían salido del país o se encontraban recluidas en las cárceles, repletas de personas del bando vencido, y en los “campos de concentración”, habilitados en esos años para albergar prisioneros (Albatera, Ocaña).
El régimen implantado por Franco y los vencedores de la guerra perduró en España hasta 1975, año en que murió el General. Si bien la presencia de Franco en la jefatura imprimió un carácter continuado a esta época, es cierto que las instituciones no permanecieron inmóviles en los casi cuarenta años de pervivencia de la dictadura. Se considera que el franquismo tuvo dos grandes etapas. La primera se desarrolló hasta 1959 aproximadamente y se caracterizó por el intento de establecer un Estado totalitario, que hasta el final de la Guerra Mundial se inspiró en el modelo fascista, y de dotar al país de autarquía económica. En torno a 1959 se produjeron grandes cambios que llevaron a una nueva época, la del “desarrollismo” y la del intento de institucionalizar un régimen que pretendía hacerse pasar por un Estado de Derecho.
2 LA CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO ESTADO
La naturaleza del franquismo es una de las cuestiones más discutidas por los historiadores que se han ocupado del siglo XX español. Se entiende aquí la expresión franquismo en una doble acepción: franquismo como un determinado régimen político y forma de Estado; y franquismo como una ideología, como un complejo doctrinal mantenido por un cierto tipo de políticos, intelectuales y propagandistas.
Pues bien, ¿qué fue exactamente el franquismo? nunca ha habido acuerdo para caracterizarlo de forma precisa. El franquismo fue un régimen político que tomó elementos de muchos tipos de regímenes clásicos: rasgos de la monarquía absoluta, de la dictadura-militar, de los Estados fascistas, de los regímenes teocráticos y de los que se han llamado regímenes autoritarios. Como ideología, el franquismo es la quintaesencia del pensamiento conservador arraigadamente católico, enemigo visceral del liberalismo y del comunismo, nacionalista y seguidor de una supuesta “tradición” del pensamiento español de la Contrarreforma.
Al concluir la Guerra Civil, Franco no quiso establecer una dictadura militar transitoria como había sido la primitiva idea del general Emilio Mola, organizador fundamental de la rebelión de 1936. Su intención fue la de crear un nuevo Estado, “regenerador de España”, que desterrara toda idea de liberalismo y de democracia liberal y, más aún, de comunismo, el gran enemigo vencido. Además, también, había que acabar con toda idea anticatólica y, por supuesto, con toda idea separatista. El Generalísimo sostenía que las raíces del régimen se hundían en la propia historia de España.
2.1. UN RÉGIMEN CON “LEYES FUNDAMENTALES”
El nuevo régimen político se estableció como sistema totalitario, sin constitución y sin libertades democráticas, y en el cual todos los poderes se concentraban en la figura del jefe del Estado, el general Franco. Se organizó un modelo político basado en la existencia de un partido único, FET y de las JONS, que tenía a su frente a un jefe del partido y del gobierno, dotado con el título de Caudillo y jefe supremo de las Fuerzas Armadas.
En realidad. Francisco Franco, vencedor en la Guerra Civil, había impuesto en España un modelo de Estado totalitario muy difícil de definir de forma estricta. La voluntad dictatorial quedó bien patente a partir del desmantelamiento de todas las instituciones de la época republicana. Se suprimió la Constitución de 1931 y con ella todas las garantías individuales y colectivas, se prohibieron todos los partidos políticos y las organizaciones sindicales y se abolieron los estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco, a la vez que se prohibía toda manifestación de tipo nacionalista (lengua, partidos…).
Este régimen pretendió basarse en la promulgación de una serie de Leyes Fundamentales ya que en la España franquista no hubo nada semejante a una constitución, al carecer de cualquier legitimación democrática. Este proceso de establecer unas leyes políticas básicas fue tan largo, que no concluyó hasta el año 1967 con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado. Las seis Leyes Fundamentales promulgadas por el régimen fueron el Fuero del Trabajo (1938), el Fuero de los Españoles (1945), que pretendían ser una especie de declaración de derechos, la Ley constitutiva de las Cortes (1942), la Ley del Referéndum Nacional (1945), la Ley de Sucesión (1947), que preveía una monarquía como sucesora del franquismo y la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958).
2.2. LA ESTRUCTURA DEL NUEVO ESTADO
En enero del año 1938, al tiempo que el Caudillo designaba su primer gobierno con la participación de falangistas, monárquicos, militares y técnicos, comenzó la verdadera tarea de construir o institucionalizar el régimen. Franco era jefe del Estado y del Partido y como tal era jefe del Gobierno, presidía el Consejo Nacional y nombraba al presidente de su junta Política, a la vez que gozaba de poderes excepcionales para promulgar leyes en casos de urgencia. Por otra parte, los nuevos estatutos de FET y de las JONS del mes de julio establecían que “El jefe responde ante Dios y ante la Historia”, lo que daba al Caudillo un poder prácticamente absoluto. La estructura política y la doctrina que sustentaban el Estado franquista fueron llamadas, cada vez más, el Movimiento Nacional.
Otro gran poder del Estado fueron los Sindicatos Verticales, llamados posteriormente Organización Sindical, que dependían de un secretario general con el rango de ministro. La Ley de Unidad Sindical se promulgó en 1940 y, basándose en la anterior doctrina falangista que imitaba el modelo corporativo de la Italia fascista, establecía que empresarios y trabajadores se integrarían en un mismo sindicato por ramas de producción. Es el sindicalismo vertical. El Estado controlaba todo el sistema y la afiliación a los sindicatos era obligatoria.
La estructura se completó con el establecimiento de unas Cortes a las que se definió como “Órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado”, que no tenían nada que ver con una verdadera representación democrática. Todos los representantes en Cortes, o procuradores, eran designados por el poder y entre ellos se encontraban los ministros, los miembros del Consejo Nacional de FET y de las JONS y de la Organización Sindical. También había procuradores “natos” por razón de su cargo, entre otros, los alcaldes de las mayores ciudades (que eran, también, designados) y los rectores de las Universidades, más los representantes de la Jerarquía eclesiástica. A este sistema se le llamó democracia orgánica.
En el plano territorial, el poder del gobierno se transmitía mediante la vieja institución de los Gobernadores Civiles de cada provincia, que ahora, además, eran jefes Provinciales del Movimiento. En cada provincia se instituyó también un Gobernador militar como prueba de esta dualidad del poder. También se restableció la vieja estructura militar de las Capitanías Generales, que había suprimido la República.
Pero, de hecho, toda esta estructura imitadora de la fascista empezó a sufrir una metamorfosis muy importante después de 1945, una vez vencidas las potencias del Eje y ante la presión internacional. Se suprimió la obligatoriedad del saludo fascista y de vestir la camisa azul, que era el uniforme. La organización del Partido perdió peso mientras lo ganaba la estructura del Gobierno. El régimen fue asemejándose cada vez más a una dictadura militar conservadora con muy pocos rastros del vocabulario y la doctrina primitivas del falangismo que hablaba de una “Revolución Nacional-Sindicalista”.
2.3. LAS “FAMILIAS” DEL RÉGIMEN
Franco no sustentó nunca su régimen en un solo grupo político o ideológico. De hecho, el poder se manifestó siempre en tres vertientes: civil, militar y eclesiástica; éstas eran las tres “autoridades” que se reconocían. La diversidad de influencias hizo que el régimen se sustentase sobre diversas “familias”, que tenían, sin embargo, caracteres muy distintos. Unas eran grupos corporativos, como el Ejército o la Iglesia Católica, otras eran políticas, como la Falange o el Tradicionalismo o los diversos grupos católicos y monárquicos. Finalmente, también había asociaciones o grupos de presión del tipo del Opus Dei o de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNDP). En el franquismo tuvieron presencia, y estuvieron representados en los sucesivos gobiernos, la mayoría de las distintas familias que lo apoyaban.
La amalgama de doctrinas que confluyeron en la ideología del régimen acabaron por convertirlo en un Nacional-Catolicismo, en el que la influencia de la Iglesia, que fue uno de sus grandes sustentos, fue determinante. A cambio de su apoyo, la Iglesia se convirtió en un verdadero poder, gozó de privilegios e impuso la unidad católica con exclusión oficial de cualquier otra religión. Se hizo del catolicismo el fundamento principal de la ideología del régimen y del sistema educativo. Los primeros enfrentamientos con la Iglesia tuvieron lugar ya muy avanzada la década de los años sesenta cuando parte de la Iglesia quiso separarse de la dictadura por influencia de las doctrinas del Concilio Vaticano II.
La Falange, otro de los grandes pilares, fue perdiendo poder progresivamente y sus primitivos ideales de tipo fascista se fueron convirtiendo en una ciega lealtad al Caudillo. Se perdió todo ideal transformador y se fue convirtiendo en una burocracia que sólo conservaría algún poder en el Consejo Nacional del Movimiento, una especie de segunda cámara de legislación, y en los Sindicatos, aunque éstos se convertirían también en una burocracia de control del mundo obrero.
El Ejército fue siempre la columna vertebral del sistema y nunca discutió el poder del Generalísimo. Éste sólo tuvo algunos problemas con los generales partidarios de una pronta restauración de la Monarquía. Franco no tenía, ni parece que hubiese tenido nunca, la menor intención de reponer la Monarquía en España de manera inmediata una vez vencida y destruida la República. Más bien pretendió construir un régimen personal. Sin embargo, mantuvo relaciones, aunque difíciles, con quien era el heredero de la Corona, Don Juan de Borbón, tercer hijo varón de Alfonso XIII.
2.4. LOS PRIMEROS INTENTOS DE APERTURA.
Desde 1947, y en especial tras el bloqueo de Berlín por la URSS en junio del año siguiente, Estados Unidos alteró su posición frente al régimen de Franco. Cuando en el verano de 1949 estalló la primera bomba atómica soviética, la disposición de Estados Unidos a ayudar económicamente a España aumentó considerablemente, a pesar de la resistencia del presidente Truman. Las relaciones internacionales entraron en una fase más favorable, gracias a que España se convirtió en un fiel aliado occidental en la lucha contra el comunismo. En 1950 la ONU revocó las recomendaciones de 1946 y España fue admitida en organismos internacionales como la FAO y luego en la UNESCO. Era el fin del aislamiento padecido durante la Segunda Guerra Mundial y en la postguerra, y la ONU recomendó la vuelta de los embajadores a Madrid, ingresando en las Naciones Unidas en 1955. Anteriormente, en 1953, el régimen se había apuntado dos importantes triunfos. La firma de un nuevo Concordato con la Santa Sede, lo que afianzaba aún más la alianza con la Iglesia. Y, sobre todo, la firma de los tratados militares con los Estados Unidos, por los que España cedía bases militares en su territorio a cambio de ayuda militar y económica (créditos bancarios por parte de entidades suizas y estadounidenses). Pero, sobre todo, a cambio del apoyo político de la gran potencia que aseguró al régimen su tranquilidad internacional en el futuro.
A remolque de las dificultades económicas derivadas de la inviabilidad de la autarquía, que veremos seguidamente, y de la nueva situación internacional, el general jefe del Estado decidió proceder a una remodelación de gobierno en 1951. El nuevo gabinete se caracterizaba por ser una combinación de falangistas y católicos, pero con un peso mayor de estos últimos, y por la introducción de personalidades no tan comprometidas con los principios más autoritarios (por ejemplo, Joaquín Ruiz Jiménez fue nombrado ministro de Educación). Los falangistas siguieron manteniendo parcelas de poder (Girón, ministro de Trabajo) del mismo modo que los militares, pero se introdujo una persona que sería clave para la continuidad del régimen, el almirante Luis Carrero Blanco. Con estos cambios, el régimen pretendía una cierta homologación internacional que le permitiese poner fin al aislamiento y conseguir algunos éxitos en política exterior.
Sin embargo, las ayudas económicas recibidas entre 1953 y 1956 no consiguieron salvar la angustiosa situación económica y en la calle empezaron a surgir los primeros síntomas de descontento. Las dificultades potenciaron los primeros movimientos de protesta y tras la crisis política de 1956, en la que hubo huelgas y disturbios en medios laborales y en la Universidad, se empezó a hacer evidente la necesidad de un cambio político más profundo. Fue entonces cuando comenzaron a llegar al gobierno hombres procedentes de la institución católica del Opus Dei. En la remodelación del gobierno de 1957 entraron como ministros los primeros tecnócratas del Opus Dei, Navarro Rubio y Ullastres. La política del régimen iba a experimentar un sensible cambio, que sin alterar para nada sus bases dictatoriales y profundamente antidemócratas iniciaría una reorientación de la política económica basada en el abandono de la autarquía.
3 EL INTENTO DE INSTITUCIONALIZACION DEL RÉGIMEN
El final de los años cincuenta fue definitivo para el cambio en la política del régimen en casi todos los aspectos. La economía de la autarquía y el casi monolitismo político de inspiración fascista se fueron agotando en los años cincuenta. La situación de la economía empeoró abriendo el camino hacia un importante cambio que dio paso a la época de la tecnocracia y del desarrollismo, ambos con una dosis mucho mayor de pragmatismo.
3.1. LA ERA DE LA TECNOCRACIA
El cambio de gabinete de 1957, al que siguió la puesta en marcha de un “Plan de estabilización” en la economía, inauguró el gobierno de los tecnócratas. La tecnocracia fue una forma de entender la política que daba mucha más importancia al progreso económico y a la mejora de la administración, que al mantenimiento de determinados principios políticos. Los tecnócratas no eran ideólogos sino “técnicos” que nunca discutirían los contenidos más represivos y antidemocráticos del régimen.
Desde 1957 hasta el comienzo de los años setenta, los ministerios clave en la economía se entregaron a hombres procedentes, por lo general, del Opus Dei. Su objetivo fue liberalizar la economía española, integrar a España en el mercado capitalista occidental y justificar el régimen “por sus obras”, por sus resultados económicos. En esa euforia tecnocrática, se celebraron en 1962, con gran aparato propagandístico, los Veinticinco Años de Paz.
En los gobiernos formados entre 1957 y 1974, se produjeron importantes novedades en la estructura y el reparto de poder entre las familias del régimen. Una nueva orientación católica, que se apartaba de la ortodoxia totalitaria falangista, pasó a controlar sectores como la educación, la información, la justicia. Los ministros pertenecientes al Opus Dei fueron aumentando su número hasta que en 1969 se habla ya, por vez primera, de un “gobierno monocolor” por el predominio de los ministros pertenecientes a esta institución. En 1962 se creó la figura del Vicepresidente del Gobierno, cargo que ocupó desde 1967 el almirante Luis Carrero Blanco, quien se convirtió en el indiscutible hombre fuerte del régimen. Junto a él se colocó otro hombre clave perteneciente al Opus Dei, Laureano López Rodó. En 1970, el cargo de Vicepresidente se convirtió en el de Presidente del Gobierno.
3.2. LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO, ÚLTIMA LEY FUNDAMENTAL
La estructuración del Estado español nacido de la Guerra Civil fue un proceso muy lento. Desde la primera de las Leyes Fundamentales, el Fuero del Trabajo, publicada en 1938, hasta la Ley Orgánica del Estado, de 1967, transcurrieron casi treinta años. Aun así, no puede decirse que la dictadura de Franco tuviese carácter invariable. Las mismas Leyes Fundamentales no permanecieron inalterables, pues muchas de ellas fueron reformadas y refundidas por las promulgadas después.
La Ley Orgánica del Estado pretendió ser una culminación y recapitulación de todas las Leyes Fundamentales anteriores. El régimen habló entonces de que ésta representaba la definitiva “Constitución” española. Sin embargo, esa ley no provenía de la deliberación de ninguna asamblea democrática. Por el contrario, se trataba de “disposiciones” dadas por el propio jefe del Estado, aprobadas por unas Cortes no democráticas, con lo cual no tenían ninguna legitimidad para crear un verdadero Estado de Derecho. La Ley fue sometida a un referéndum nacional al que el régimen dio mucha importancia y fue aprobada por el 85,5% del censo electoral que equivalía al 95,86% de los votantes efectivos.
Tras la LOE, en 1967 se aprobó la Ley Orgánica del Movimiento y su Consejo Nacional. En 1969 se promulgó la ley que establecía la sucesión efectiva del Caudillo, y en 1971, la Ley Sindical, que reguló globalmente la Organización Sindical en la última etapa de su existencia.
3.3. LAS LEYES PARA LA SUCESIÓN
La primera ley que hablaba de la sucesión de Franco fue la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de julio de 1947, que establecía que el Estado español se declaraba constituido en “Reino” y en consecuencia, la ley preveía que el sucesor del Caudillo lo sería “a título de Rey o de Regente”. De esta forma, Franco, que no había querido restaurar la monarquía tras la derrota de la República, preveía que su propia sucesión debería ser de forma monárquica pero, evidentemente, con una monarquía que prepararía él mismo, Las intenciones de Franco en cuanto a la sucesión se desvelaron pronto, cuando llegó a un acuerdo con Don Juan de Borbón en 1948 para que su hijo primogénito Don Juan Carlos, de once años de edad entonces, fuera educado en España. Don Juan de Borbón no renunciaba a sus derechos, pero se prestaba a colaborar con los planes de Franco.
La Ley de 1969 estableció el mecanismo de la sucesión de Franco a favor de Don Juan Carlos. La Ley fue aprobada por las Cortes con una aplastante mayoría de los votos y el Príncipe prestó su juramento de fidelidad a los Principios del Movimiento, recibiendo el título de Príncipe de España, No se trataría de un regreso a la anterior Monarquía sino de la “instauración” de una nueva, aunque con la misma dinastía de Borbón. El Movimiento Nacional sería sucedido “por el Movimiento mismo”, como decía la propaganda, con un rey a la cabeza.
3.4. LA CRISIS FINAL DEL RÉGIMEN
Toda la avalancha legislativa no podía ocultar la progresiva crisis del régimen al llegar los años setenta. En definitiva, todo este aparato creado por Franco y quienes le apoyaban había sido incapaz de adaptarse en su estructura política al profundo cambio económico, social y cultural que se había producido en España a partir de los años sesenta. Desde los años sesenta no había parado de crecer la oposición interna a aquel régimen, basado en la represión policial, de partido único, de falta de libertades básicas, de catolicismo excluyente, que chocaba fuertemente con las nuevas realidades de unas burguesías urbanas más amplias, de un nuevo obrerismo que reclamaba libertad sindical y derecho de huelga y de un mundo intelectual, como el de la Universidad, que preconizaba la libertad de ideas.
Un momento decisivo de esa crisis final del régimen se abrió con la desaparición del vicepresidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, víctima de un atentado de la banda terrorista ETA, el 20 de diciembre de 1973. Carrero era considerado como el personaje clave para mantener la unión de todas las familias franquistas y asegurar la continuidad del régimen. La reacción del régimen ante esa crisis hizo que se conformaran dentro del mismo con mayor claridad dos grupos de políticos: los inmovilistas y los aperturistas o reformistas. En enero de 1974 se formó un nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro que tuvo una actuación muy ambigua. Pretendió el aperturismo pero sin desbordar en absoluto los principios del régimen, que impedían una verdadera libertad política. Fue famoso el discurso del presidente del Gobierno pronunciado el 12 de febrero de 1974 en las Cortes, en el que se habló de una apertura del régimen hacia un mayor pluralismo político. Esa nueva propuesta permitió hablar de un “espíritu de febrero”, partidario de reformar el régimen. Arias prometió una nueva ley municipal que permitiese la elección de alcaldes y de las diputaciones provinciales, aumentó el poder de los procuradores en Cortes cuyo número ascendió, y anunció reformas sindicales y una nueva ley sobre asociaciones políticas. Pero pronto se evidenció que las reformas prometidas no eran sino un formalismo con poco contenido real y que el régimen era incapaz de democratizarse.
Hubo contestaciones al gobierno desde ángulos muy diversos. Algunos de los ministros más aperturistas dimitieron de sus cargos ante la imposibilidad de aplicar reformas en profundidad (Barrera de Irimo, Pío Cabanillas, Licinio de la Fuente…). Desde la oposición organizada hasta la misma calle, las protestas se hicieron más intensas (manifestaciones, huelgas, atentados…) mientras el único recurso del gobierno continuó siendo la represión: detenciones masivas, leyes antiterroristas, cierre de revistas, etc. Por último, el gobierno se vio también contestado por los sectores más Inmovilistas del régimen, a los que se empezó a denominar como “el bunker”. Éstos manifestaron que no estaban dispuestos a tolerar ni siquiera las inocuas reformas propuestas por el gobierno e iniciaron una serie de acciones violentas contra personas e instituciones sospechosas de izquierdismo.
A lo largo de 1974 y 1975, las enfermedades de Franco, que le impedían ejercer el gobierno, se hicieron más frecuentes. El príncipe Juan Carlos hubo de ejercer en varias ocasiones la jefatura interina del Estado, pero sin poder alguno. La oposición se organizó creando plataformas de actuación conjunta y las manifestaciones en la calle aumentaron. Por otra parte, la actitud represiva no cesó y en 1975 se promulgó una nueva Ley Antiterrorista que castigaba a los terroristas a la pena capital. En septiembre del mismo año se condenó a muerte a cinco activistas de ETA y del FRAP, condenas que fueron cumplidas a pesar de las numerosas peticiones de indulto. Se produjo entonces la última de las grandes oleadas de protesta internacional contra Franco y la situación española. Además, el gobierno hubo de hacer frente a un nuevo foco desestabilizador, el conflicto en el Sahara. Marruecos, que contaba con el apoyo de los EE UU para frenar una posible expansión de la Argelia socialista, organizó en octubre, en plena agonía de Franco, la llamada Marcha Verde, una invasión pacífica del territorio que movilizó a decenas de miles de civiles.
Desde el verano de 1975 la sensación de que se estaba en los últimos momentos del régimen de Franco se extendía. Pero se sabía, al mismo tiempo, que ese final sólo se produciría con la muerte misma del viejo dictador. Franco había sobrevivido a todos sus enemigos, pero el 20 de noviembre de 1975, después de una larga agonía, falleció a los 83 años de edad. La sensación de inseguridad y de incertidumbre respecto al futuro político y al relevo en el poder eran muy grandes, a pesar de que las Leyes del régimen decían tenerlo todo “atado y bien atado”.
4 EVOLUCIÓN ECONÓMICA
La Guerra Civil tuvo unos efectos demográficos muy importantes desde la perspectiva de la economía. Por un lado, provocó un descenso de la población activa similar, en términos relativos, al de la Segunda Guerra Mundial en Francia o Italia. Por otro, la represión posterior afectó al menos al duplo de los muertos en el campo de batalla. La represión y el exilio afectaron a sectores de trabajadores especializados cuya cualificación era importante para el proceso productivo.
Cuando finalizaron los enfrentamientos militares, la economía estaba profundamente desarticulada. La producción agraria e industrial era muy inferior a la de 1935, las reservas de oro y divisas habían desaparecido, y la red de transporte se encontraba muy deteriorada. Las destrucciones de edificios e instalaciones fabriles fueron moderadas, aunque el régimen las utilizó como elemento de propaganda para justificar la mala situación. El moderado deterioro del equipo productivo no fue en ningún caso de una gravedad suficiente como para explicar tanto la negativa evolución de los años inmediatamente posteriores a 1939 como la lentitud en recuperar el nivel de actividad previo al conflicto.
4.1. RACIONAMIENTO Y MERCADO NEGRO
La victoria del Caudillo en la Guerra Civil tuvo repercusiones económicas muy negativas. A corto plazo, sumió en el hambre y la miseria a muchos españoles. A largo plazo, las arbitrarias decisiones de las autoridades consolidaron una economía muy poco competitiva en la cual el tráfico de influencias y la corrupción fueron elementos destacados.
La lentitud de la recuperación económica estuvo directamente relacionada con la puesta en práctica de las ideas económicas de los vencedores, que sustituyeron el funcionamiento de los mercados por la fijación arbitraria de los precios y obligaron a solicitar autorizaciones para iniciar una actividad económica. La fijación de los precios por debajo de los resultantes de la oferta y la demanda condujo al desabastecimiento de alimentos y a la generalización de las colas, obligando aL mantenimiento del racionamiento, inicial-mente establecido como medida coyuntural en mayo de 1939. Los productores estaban obligados a vender la totalidad de la producción a la Administración a un precio de tasa fijado por ésta. Posteriormente, era la propia Administración la única que podía vender los productos a los consumidores a un precio también regulado.
Como los precios de tasa no reflejaban situaciones de abundancia o escasez relativa, de inmediato surgieron los estraperlistas y el mercado negro, en el cual las transacciones se hacían al margen de la ley. En muchos casos, sus precios duplicaron o triplicaron los del mercado oficial. En el caso del aceite y del trigo, un tercio de todo lo producido fue comercializado a través de estos procedimientos ilegales. La escasez energética fue también uno de los símbolos de la penuria económica. Hasta mediados de los años cincuenta, carbón y petróleo estuvieron racionados y desde 1944 hasta 1954 hubo restricciones eléctricas.
4.2. LOS EJES DE LA AUTARQUÍA
El régimen pretendía alcanzar la autosuficiencia económica a partir del aislamiento del exterior y de la sustitución del mercado por la intervención generalizada de la Administración. El resultado fue el bloqueo del crecimiento económico, la reducción de la competitividad y el desaprovechamiento de la favorable coyuntura económica que conoció Europa tras la Segunda Guerra Mundial. De este modo, la incorporación de España a la fase de rápido crecimiento y cambio tecnológico dominante en Europa entre 1945 y 1973, tuvo lugar no sólo tardíamente sino con importantes hipotecas y desequilibrios.
La autarquía tuvo dos grandes ejes de actuación. El primero fue la reglamentación de las relaciones económicas con el exterior. Importaciones y exportaciones pasaron a estar completamente intervenidas, siendo necesario contar con una autorización administrativa para realizarlas. Con esta medida, se pretendía determinar los productos fundamentales y los que eran superfinos, decisión sobre la cual influyó también la escasez de oro y de divisas. Fue también esta la razón por la cual, poco después, se reguló el cambio de la peseta, estableciéndose diversos tipos, todos por encima de su valor de mercado. Como consecuencia, se encarecieron los productos que la economía tenía que importar (el petróleo) y se produjo una gran escasez de bienes imprescindibles.
El segundo gran eje de la política económica de la primera etapa del franquismo fue el fomento industrial, orientado hacia las actividades de interés militar. En este caso, el principal objetivo fue alcanzar un poder suficiente para asegurar la independencia militar y política del nuevo Estado. La actuación se orientó a impulsar las industrias de bienes de equipo, que recibieron una importante y continuada ayuda pública, lo cual generó un gran gasto público con efectos inflacionistas muy importantes.
En 1941, el mismo año en que se nacionalizó la red de ferrocarriles con la creación de RENFE, se fundó el elemento básico de esta política industrial: el Instituto Nacional de Industria. El INI, un conglomerado de empresas públicas, intentó producir el máximo posible, con independencia de los costes, y en el mayor número de sectores, al margen de que existiesen las condiciones favorables para desarrollar las actividades propuestas. En estos primeros años fue cuando se constituyeron las principales empresas nacionales (IBERIA, ENDESA, SEAT).
Al iniciarse la década de los 50, empezó a hacerse evidente el estrangulamiento económico y el agotamiento de la vía autárquica, fenómeno que coincidió con un cambio significativo en las relaciones internacionales del franquismo. Como consecuencia de la progresiva incorporación de España al concierto internacional, empezó a dibujarse la necesidad de proceder a una cierta reorientación política y económica del régimen.
4.3. EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA AUTÁRQUICA
La política económica autárquica se llevó a cabo empeorando el nivel de vida de gran parte de la población y aumentando la desigualdad en la distribución de la renta. Por un lado, mediante un férreo control de los salarios y la represión de las organizaciones sindicales no afectas al régimen. Por otro, de forma indirecta, a través de la erosión de la capacidad adquisitiva por las fuertes subidas de precios. La reducción del salario real condicionó fuertemente la evolución del sector productor de bienes de consumo, especialmente del sector textil, en el que la reducción de la demanda ante el empeoramiento del nivel de vida de la mayoría se combinó con las restricciones a la importación de materia prima por la escasez de divisas.
El objetivo de alcanzar la autosuficiencia frente al exterior fue un fracaso. Desde muy pronto, las malas cosechas, la arbitraria política de precios y los estrangulamientos de una no menos arbitraria intervención, obligaron a aumentar las importaciones de alimentos, posibles gracias a la colaboración de la Argentina de Perón. Estas ayudas hicieron posible paliar, siquiera parcialmente, el hambre de muchos españoles. Sin embargo, la escasez de divisas, y su uso en la compra de alimentos, impidió importar las materias primas y los productos fabricados imprescindibles para el sector industrial. A pesar de la negativa del régimen a devaluar el tipo de la peseta, en el mercado libre de Nueva York, su cambio oficial cayó sensiblemente (de 11,2 pesetas por dólar hasta las 40 pesetas por dólar durante la segunda mitad de los años cuarenta). Ello obligó a obtener divisas urgentemente para pagar las importaciones en un momento en que la coyuntura internacional se volvía más favorable al régimen.
4.4. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LOS 60: EL DESARROLLISMO
A partir de finales de la década de los años cincuenta y hasta 1974, la economía experimentó un proceso de transformación sin precedentes. Durante esa etapa, España se incorporó definitivamente, aun manteniendo un nivel de renta por habitante inferior, al reducido grupo de los países industrializados, un resultado excepcional en la historia económica del siglo XX. Este éxito fue inseparable de dos factores. En primer lugar, y sobre todo, de la fase expansiva dominante entonces en la Europa más desarrollada. En segundo lugar, de la base industrial interna consolidada a lo largo del siglo. Sin ellos, el conjunto de medidas de liberalización interna y externa adoptadas durante el verano de 1959, consideradas a menudo el comienzo de la fase de expansión, habrían tenido resultados muy escasos.
La acción correctora en la política económica seguida durante los años anteriores vino de la mano del llamado Plan de Estabilización (1959). Su contenido simboliza, a la vez, el fin del sueño autárquico y el inicio de la etapa final de la industrialización en España. Su origen estuvo provocado por la insuficiencia de las reservas de pro y divisas para hacer frente al desequilibrio entre importaciones y exportaciones. A cambio del compromiso del gobierno español de reducir el intervencionismo, el déficit público y los obstáculos a la entrada de mercancías del exterior, diversos organismos internacionales concedieron préstamos con los que hacer frente al agotamiento de las reservas.
Al programa liberalizador se añadió la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo Económico y Social, de clara inspiración francesa, el primero de los cuales fue aprobado en diciembre de 1963. En total se promulgaron tres planes de vigencia cuatrienal (1964-67, 1968-71, 1972-75) con un carácter netamente indicativo al ser la iniciativa privada el motor del desarrollo económico. La planificación centró su interés en el sector industrial y propició una serie de actuaciones para mejorar la eficiencia de la estructura empresarial, sectorial y regional. Se emprendieron dos grandes líneas de actuación: las acciones estructurales, que pretendían solucionar algunas deficiencias de la industria (pequeña dimensión de las empresas, baja productividad…) y la creación de los polos de desarrollo, que intentaba reducir los desequilibrios económicos regionales promoviendo nuevas industrias en zonas de escasa industrialización. La planificación no fue la causa del dinamismo económico de los años 60, ya que las previsiones de los planes raramente se cumplieron y sus efectos fueron escasos. La iniciativa privada confiaba mucho más en las favorables condiciones en áreas determinadas y en la coyuntura económica internacional que en la planificación estatal.
Sin embargo, desde 1959 y hasta 1966, la tasa anual de aumento del PIB fue muy superior a la media de los restantes países europeos, mientras la producción industrial aumentaba a un ritmo todavía mayor. El consumo privado creció también con rapidez y mejoró notablemente la renta por habitante. Con todo, fue la formación de capital (inversión acumulada) la que más contribuyó a la expansión. A partir de 1966 y hasta el inicio de la crisis de 1973, el ritmo de crecimiento sería más moderado, pero también muy importante tanto en relación con el pasado como con lo ocurrido en el resto de Europa. Desde una perspectiva a largo plazo, la expansión de estos años fue impresionante.
La liberalización interior y exterior favoreció la utilización de técnicas de producción más avanzadas y la acumulación de capital, interrumpida prácticamente desde el final de la Guerra Civil. Todo ello potenció una expansión sin precedentes de la industria y los servicios. Como contrapartida, la agricultura, que en 1950 concentraba un 47,6% de la población activa y aportaba en torno a un tercio del PIB, disminuyó drásticamente su importancia. El aumento de las importaciones de tecnología hizo posible mejorar la productividad de la industria española, bastante modesta a comienzos de esta etapa en relación con otros países. Paralelamente, y en gran parte vinculados a la inversión extranjera, aumentó el peso de los sectores productores de bienes de equipo, una de las carencias tradicionales y más destacadas, desde el siglo XIX, de la industria en España.
El continuado avance de la productividad en estos años hizo posible también un aumento de las exportaciones. Por primera vez en la historia de España, los productos acabados pasaron a ser la rúbrica principal de las ventas al exterior, abandonando el primer lugar los alimentos y superando ya en 1970 la mitad de todo lo vendido en el exterior. Esta expansión se consiguió al mismo tiempo que se multiplicaba por más de seis el volumen de las exportaciones totales, con lo cual el peso de las exportaciones en el PIB se triplicó, superando el 10%.
La contribución exterior, finalmente, y en particular la de las economías más desarrolladas de Europa, fue crucial para lograr el rápido crecimiento de esta etapa y la consolidación de la sociedad industrializada. Del exterior, a través de las importaciones, provino la tecnología que revolucionó la estructura industrial y la productividad; del exterior procedieron también las cuantiosas inversiones y transferencias con las cuales se equilibró el déficit de la balanza comercial, dadas las imprescindibles importaciones de maquinaria para renovar la estructura productiva. Sin los ingresos por el turismo, las remesas de emigrantes y la inversión extranjera, no hubiera existido el milagro económico español ya que hubiera sido imposible importar la tecnología que revolucionó la producción.
Por otro lado, los demás países de Europa, en especial Francia y Alemania, absorbieron la mano de obra excedentaria expulsada del sector agrario por la pérdida de su importancia en el conjunto de la economía y la espectacular mejora de la productividad por la mecanización. La permanencia en España de esta población que emigró habría provocado una situación explosiva y el bloqueo del proceso de industrialización: el desempleo habría aumentado a un ritmo muy elevado y la abundancia de mano de obra habría frenado la difusión del uso de maquinaria más productiva.
Por otra parte, las ganancias en la productividad permitieron el aumento de los salarios -a pesar de la ilegalidad de los sindicatos democráticos- sin afectar negativamente a la inversión, cuyas tasas de aumento alcanzaron máximos históricos. A su vez, salarios más elevados para segmentos destacados de trabajadores y la difusión de las compras a plazos condujeron a un gran aumento de la demanda de bienes de consumo. Fue entonces cuando se alteró la estructura del consumo, con la reducción del peso de los alimentos y el aumento de los bienes de consumo duradero como vehículos y electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras, televisores). A lo largo de estos años, la compra de unos y otros pasó a formar parte de las aspiraciones de un buen número de españoles.
4.5. LAS LIMITACIONES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN
A pesar de la profundidad de la transformación y a pesar de la tendencia a la equiparación respecto a la etapa anterior, a comienzos de los setenta la renta por habitante española era todavía muy inferior a la de las economías más avanzadas de Europa. Por otro lado, durante estos años se consolidó una fuerte tendencia a la elevación de los precios, uno de los rasgos dominantes de la economía española. Así, la inflación, junto a la escasa creación de empleo, se convirtieron en los dos aspectos más negativos de esta etapa. Entre las causas de la inflación destacan tres: las fuertes subidas de los precios agrarios hasta 1966, a causa de una oferta insuficiente; la rigidez de la oferta del sector servicios, por la ausencia de competencia, y la expansiva política monetaria. Entre las causas de la escasa creación de empleo, es posible subrayar dos: la intensidad del propio proceso de industrialización, al ser siempre ahorrador de mano de obra por el mayor uso de maquinaria, y la fortísima reducción del empleo agrario. Mientras la emigración prosiguió, la tasa de paro se mantuvo baja. A partir de 1973, la situación cambiaría dramáticamente.
Junto a estos factores, debe subrayarse la especialización de la industria en actividades tecnológicamente poco intensivas. Sin restar importancia a la profundidad del cambio industrial durante estos años, la etapa final de la industrialización estuvo caracterizada por un avance muy limitado de las actividades de mayor contenido tecnológico. Por tanto, aunque la competitividad global del sector secundario creció, fue insuficiente para aumentar con rapidez sus exportaciones. Y, finalmente, el escaso grado de liberalización del sistema financiero fue otra de las limitaciones: hasta 1973-1974 no existió una política monetaria moderna ni un sistema bancario en el que la competencia desempeñara un papel relevante. Hasta esa fecha, los acuerdos entre bancos desincentivaron la mejora de su actividad y la reducción de sus costes.
La enorme expansión de la economía en los años sesenta y primeros setenta y los Consiguientes cambios demográficos vinieron acompañados de la modificación sustancial de las características propias de una sociedad tradicional como la española, en la que habían predominado las formas culturales y las pautas de comportamiento de tradición rural. En poco más de una década la sociedad se hizo mucho más moderna.
5 EVOLUCIÓN SOCIAL
5.1. PURITANISMO IDEOLÓGICO Y CONTROL SOCIAL
El franquismo impuso profundos cambios en la vida cotidiana, en los comportamientos culturales y religiosos y en el marco político de la juventud y de la mujer. Lo que en los años treinta, los años de la República de preguerra, fueron libertades y amplitud de opciones para la organización de la vida privada fue, a partir de los años cuarenta, un intento de control social de todos los españoles.
Por lo pronto, se produjo una vuelta al campo de la población. No sólo porque las difíciles condiciones económicas para poder vivir en la ciudad (falta de abastecimientos alimenticios, vivienda, trabajo, etc.) promovieron la búsqueda de una vida mejor en el medio rural; sino también porque el propio régimen se ocupó de ensalzar doctrinalmente las virtudes de la vida sencilla del campo frente a los peligros de la ciudad. En el campo, las gentes podrían defenderse mejor, también, gracias a la menor vigilancia del mercado negro.
En un principio se crearon organizaciones e instituciones de encuadramiento político e ideológico. La organización juvenil fue el Frente de juventudes, de pertenencia teóricamente obligatoria, que organizaba campamentos, concentraciones y ciclos educativos de formación política. La rama femenina del Movimiento era la Sección Femenina de FET de las JONS, también de afiliación obligatoria, se encargaba de organizar un Servicio Social que las mujeres debían hacer, que era prácticamente equivalente al servicio militar de los varones. Otras instituciones similares eran Educación y Descanso, Auxilio Social. También se editaron numerosas publicaciones de propaganda.
El régimen introdujo en la enseñanza clases obligatorias de Formación Política en las que se exponían los principios más básicos de la doctrina falangista, eran impartidas por miembros de Falange. De la misma manera, la influencia de la Iglesia fue decisiva para que el catecismo cristiano y la rancia moral, inspirada en el jesuitismo, fueran de nuevo impuestos frente a cualquier libertad de conciencia. Las prácticas religiosas tomaron el carácter de actos públicos: procesiones, novenas, “misiones” anuales, etc.
De hecho, el convencimiento profundo que el Nacional-Catolicismo tenía, del cual participaba fervientemente el propio dictador, de que los males del país se debieron siempre a la libertad de conciencia, al liberalismo y a la falta de una dirección “paternalista” de la sociedad, hizo que todos los factores de la vida pública y privada se pretendieran dirigir desde el Estado y el Movimiento Nacional. La escuela primaría jugó un papel esencial en este adoctrinamiento y en ella se aprendía las primeras ideas sobre el régimen.
5.2. LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
La modernización social en los sesenta comenzó por la distribución de la población. Aumentó el total de habitantes, con notable crecimiento del índice de natalidad. Sin embargo, fue todavía más significativo el aumento de la población urbana en relación con los años de la inmediata posguerra, en los que se había producido el fenómeno inverso, el de la ruralización de la sociedad. La población urbana española se situó en el 37% del total en 1970 en ciudades de más de cien mil habitantes y en el 65% en el conjunto de los municipios no rurales.
El gran desarrollo de la economía industrial y la expansión del sector de los servicios dieron lugar a una transformación muy importante de las estructuras socio-profesionales de la población, lo que llevaba aparejados cambios muy notables también en la estructura de clases. Además de variar de forma muy notable el número de personas activas en cada uno de los sectores de la economía, aumentó el número de los asalariados en general, de los profesionales liberales urbanos (abogados, médicos, gestores, economistas) y el de los “ejecutivos” de las empresas. Pero, tal vez, lo más importante de todo fue la aparición en algunos lugares del país (Cataluña, Madrid, País Vasco, Asturias) de una gran masa de obreros industriales modernos. Ello daría lugar al nacimiento de un nuevo movimiento obrero, de un sindicalismo de signo muy distinto al de los Sindicatos Verticales del régimen.
Hubo otros muchos indicadores sociales y socioeconómicos que mostraron el enorme cambio social operado. Podría decirse que en la España de los años sesenta se asistió al aumento general del volumen de las “clases medias”, al nacimiento de una nueva burguesía urbana antes inexistente, junto al aumento de profesionales autónomos y de obreros, creció también el número de funcionarios al ampliarse las funciones del Estado. Las nuevas circunstancias condicionaron en lo esencial estos cambios. La población rural descendió casi al mismo ritmo al que aumentaba la urbana y ello afectó también a las estructuras sociales del campo. Prácticamente sólo en Andalucía perviviría a gran escala la figura del obrero campesino sin tierras. En el resto del país, las explotaciones agrarias se convirtieron en familiares o en pequeñas empresas.
5.3. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
La mejora tecnológica de los años sesenta, al ahorrar mano de obra, limitó la creación de empleo. Una de las contrapartidas de la modernización de la producción fue una modesta creación de puestos de trabajo. A pesar del fortísimo ritmo de crecimiento, entre 1964 y 1973, el empleo neto aumentó menos de un 10% y en un buen número de regiones se redujo. Y, además, estuvo acompañado en los años sesenta de una intensa emigración. Más de un millón trescientos mil españoles, la décima parte de los activos, hubo de trasladarse a otros países de Europa para encontrar trabajo; Francia y Alemania fueron los principales destinos.
En el interior de España, los desplazamientos de la población fueron todavía más espectaculares. De 1962 a 1973, cuatro millones de personas, de un total inicial de algo más de 30 millones, cambiaron de lugar de residencia. Algunas de las actuales Comunidades Autónomas sufrieron un fuerte despoblamiento ante la falta de trabajo y las mejores expectativas existentes en otras. Las dos Castillas, Galicia, Andalucía y Extremadura fueron las zonas donde la emigración fue mayor. La contrapartida fue un aumento considerable de la población en las zonas de mayor dinamismo económico. En poco más de una década, Cataluña y el País Vasco incrementaron su peso dentro de la población total casi en la misma proporción en que lo habían hecho en los sesenta años anteriores.
Estos movimientos de población fueron resultado de las diferencias en el dinamismo económico de las distintas áreas geográficas, como lo demuestra el que la emigración hacia estas regiones coincida con un aumento de la concentración en ellas del producto interior. En 1955, Cataluña, País Vasco y Madrid, más Navarra y la actual Comunidad Valenciana, aportaban al PIB algo más del 48%. En 1973, la proporción había aumentado siete puntos, rozando el 55%. Sin embargo, la concentración de actividad y población en estas zonas no puede ser identificada con un aumento en la desigualdad en la distribución de la renta entre regiones, junto al fuerte aumento de la renta por habitante en el conjunto de España, uno de los rasgos más destacados de la transformación económica durante los años 60 fue que el ingreso por habitante en las áreas industriales donde se concentró la transformación productiva (Cataluña, País Vasco, Madrid) creció por debajo de la media.
5.4. LOS CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO
Con el cambio de las oportunidades sociales de progreso también cambiaron de forma inmediata los comportamientos sociales y, en general, las pautas culturales. Esta apertura dio lugar a un nuevo tipo de oposición al régimen, la que reclamaba libertad cultural. A ello contribuyó, sin duda, el cambio enorme que se produjo en el sistema educativo que culminó con la Ley General de Educación de 1970. Durante los sesenta aumentó sistemáticamente la población escolarizada, desde la enseñanza primaria a la Universidad, y aumentaron las inversiones del Estado en el sistema educativo. El analfabetismo disminuyó de manera drástica hasta alcanzar los niveles de los países más avanzados.
Otra de las grandes transformaciones se dedujo del hecho de que la Universidad viera aumentar considerablemente el número de sus estudiantes y de que se generalizara la salida al extranjero de los jóvenes. Empezaron a entrar también en España, de forma clandestina, muchas publicaciones prohibidas y aumentó la información relacionada con el exterior.
La familia empezó a experimentar cambios que se profundizarían en el futuro. Aumentó su movilidad, la tendencia a fortalecer la familia nuclear (padres e hijos) como base. Los hijos, de todas formas, se marchaban antes de la casa paterna, debido a la buena coyuntura económica y a la nueva mentalidad de los jóvenes. Pero, a pesar de su aumento, la incorporación de la mujer a las nuevas actividades productivas fue todavía muy débil.
Los hogares españoles empezaron a equiparse con un nuevo menaje: frigorífico, televisor, aparatos de cocina y, en muchos casos, el coche, sobre todo el popular “Seiscientos”, fabricado en el país. Ese progreso llegó también a la vida rural aunque en menor escala. Las periferias de las grandes ciudades industriales, Madrid y Barcelona especialmente – Villaverde, Getafe, Cornelia u Hospitalet – se llenaron de barrios obreros donde apareció una nueva cultura popular.
Aunque el régimen ejercía un férreo control sobre las pautas socioculturales, se fue implantando una nueva mentalidad, también en el terreno religioso. Se reivindicó la libertad de pensamiento y disminuyó la práctica religiosa. La Iglesia misma experimentó una apertura bien visible de la mano del Concilio Vaticano II y, con ello, un sector de la Iglesia española comenzó a distanciarse algo del régimen. Fue también la época de la secularización en masa de miembros del clero.
En síntesis, cabe decir que la gran época del desarrollismo español favoreció de forma indudable el progreso social y el cambio de pautas culturales y que, lejos de fortalecer al régimen, lo debilitó desde el punto de vista político e ideológico.
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El franquismo, una interesante página personal: http://www.aguaron.net/franquismo/fco.htm
España bajo Franco: censura, represión y cultura: http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/4087/introsp.htm
España siglo XX, el franquismo y la transición: http://www.vespito.net/historia/
La Iglesia y Franco: http://www.fuenterrebollo.com/Gobiernos/iglesia-franco.html
25 años después de Franco, especial del Diario El País: http://www.elpais.es/especiales/2000/franco/rodrig.htm
25 años sin Franco, especial del Diario El Mundo:
http: //www. el-mundo. es/nacional/XX V_aniversario/indice. html
Franquisme: oblidar o recordar (programa de la TV Catalunya): http://www.tvcatalunya.com/franquisme/
Juanín, “Los del monte”, página sobre el maquis en Cantabria: http://es.geocities.com/los_del_monte/
Paisajes de la guerrilla: http://www.guerrillas.info/
Los campos de concentración franquistas (1936-1947): http://www.riomon.com/javi/page 1 .html